LA GOBERNABILIDAD

Mtro. Julio César Galindo Diego

En ocasión anterior presenté reflexión sobre algunos  aspectos de la reforma laboral preferente en trámite cuando se encontraba aún “cocinándose” (en comisión camaral para su estudio,  discusión y dictamen). 

De acuerdo con la información que llega a través de los medios, se informa que en la cámara baja, dicha iniciativa fue aprobada en un 80%, lo que en opinión del titular del ejecutivo federal y de la secretaria del ramo es un buen resultado; sin embargo, todo parece indicar que el restante 20 % sin aprobar no únicamente reviste gran relevancia jurídica, sino relevancia extrema en lo político.

No obstante dicha aprobación, hay voces y corrientes manifiestas que hacen valer su inconformidad con los aspectos aprobados y ello, al parecer, aún dará lugar a numerosas discusiones y probables confrontaciones. En cumplimiento del proceso legislativo, el proyecto de ley formulado por la cámara baja fue turnado al Senado en donde las noticias dan cuenta de la aireada oposición de los líderes sindicales corporativos (U. N. A. M., S. N. T. E., HACIENDA, PEMEX, TELEFONISTAS, etc.,) a que los aspectos sindicales sean tocados, mucho menos modificados.

Me explico. Dentro de los temas contenidos en la iniciativa que no fueron aprobados se encuentra la transparencia en el manejo de fondos y recursos sindicales y la democratización de los propios sindicatos en términos tales que sus dirigentes sean electos por sufragio directo de los agremiados.

Al ciudadano en general, le parece que esa transparencia de fondos y recursos sindicales y en general del manejo de representación debe ser no sólo clara, sino diáfana y que la  elección democrática de los representantes es la piedra angular de un régimen democrático en donde todas las instituciones estén permeadas por igual rasero. ¡Pero…ahí viene el pero!

Quedó señalado que la oposición es del corporativismo, con ello hemos de tener claro que en la historia independiente de México (1821), hasta 1929, en ningún momento hubo paz social lo que quiere decir que desde el inicio del movimiento independiente hubo derramamiento de sangre, pasando por los periodos de Santa Ana; la guerra de 1847 de Estados Unidos de América, la pretendida invasión francesa que culminó con la batalla de los fuertes de Loreto y Guadalupe con el triunfo del 5 de Mayo;  la monarquía de Maximiliano de Hausburgo;  La Reforma,  Benito Juárez y Lerdo de Tejada; dictadura porfirista; la revolución iniciada en 1910 y culminada en 1920 y el asesinato de Madero y la traición huertista; el derrocamiento de Venustiano Carranza, para culminar con la guerra cristera de 1929, inclusive aún se da el asesinato de Álvaro Obregón.

Es con la constitución del P. N. R. cuando a través del corporativismo  se aglutinan las fuerzas campesina,  obrera y popular en torno a un gobierno (Plutarco Elías Calles); y se da la ansiada y esperada estabilidad, paz social y continuidad al régimen de gobierno y al país, que, vistos los antecedentes de ninguna manera es dato menor. A la postre, ello permite al presidente Lázaro Cárdenas la llamada expropiación petrolera que en el caso me parece es, además, nacionalización petrolera a partir de la cual México sustenta el ritmo económico y desarrollo del país, se cimenta la base primordial sobre la cual habría de surgir el México moderno y su desarrollo.

De tal manera, en la consolidación pacífica de la nación el aspecto corporativista es, cimiento y pilar fundamental, aspecto que en el curso de décadas (30’s, 40’s, 50’s, 60´s, 70´s, 80´s y parte de 90´s) ininterrumpidamente   continuó siendo factótum de estabilidad,  poder y gobernabilidad  en el sistema político mexicano.

Desprenderse, hacer a un lado u olvidar las aportaciones corporativas sin cobro de factura es ajeno al sentido común, más aún al sentido político; tampoco al gremio sindicalista  en el que durante décadas se apoyó y erigió el régimen y sistema político que dio lugar  y patente de cuotas de poder y de dinero.

Acorde a lo anterior, con el derecho que nos asiste a la concordia y congruencia de la clase política y los gobernados, parece que la ciudadanía, debe actuar en consecuencia y tomar conciencia de que ante la imperante necesidad de adaptar la realidad sindical a un contexto legal de transparencia  y auténtica representación ha de clamar por una radical pero programada y paulatina modificación de las prerrogativas gremiales  y así atender al clamor popular habrá de darse en un complejo contexto legislativo la modificación del estatus sindical.

En la realidad, el ideal político no siempre confiesa con la realidad social. Es claro y patente  el clamor popular de que los sindicatos deben transparentar recursos y democratizar su representación, para ello habrá de transitar un largo y democrático camino que parece imperativo.

Al parecer,  la ruta de conciliación como camino de gobernabilidad es la opción constructiva a seguir; o ¿cuál otra?

Velar por el interés supremo, el nacional, no el gremial. ¿Habrá razón en ello?